El Ayuntamiento de Maó ordenó ayer el cierre de las fuentes que suministran agua en los colegios públicos de municipio. El equipo de gobierno de Héctor Pons adoptó esta medida tras detectar varios casos en los que, a pesar de contar con sistemas de filtración por ósmosis, presentaban niveles y concentraciones de nitratos superiores a los límites permitidos por las normativas en vigor.
Al mismo tiempo, distribuyó garrafas de agua potable en estos centros docentes. Con estas medidas, el Ayuntamiento actúa con rapidez, con lo que evita se repitan críticas y quejas por la «crisis del agua», abierta a finales de septiembre, que provocó la renuncia de la teniente de alcalde Dolores Antonio.
Al mismo tiempo, ayer se celebró la primera reunión de la comisión encargada de analizar el abastecimiento de agua potable a la población, que incluye el funcionamiento de la desnitrificadora y la gestión de Hidrobal, cuya concesión acaba en 2029.
La oposición califica de insuficiente la información aportada y reclama la comparecencia de la empresa concesionaria. Una petición razonada que debe ser atendida para que la comisión cuente con todos los datos para llegar a conclusiones eficaces.
