La ley orgánica de amnistía «para la normalización institucional, política y social en Cataluña», aprobada el 30 de mayo por la mayoría del Congreso, entró ayer en vigor, tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Su aplicación queda, ahora, en manos de los jueces y tribunales que tramitan causas vinculadas al 'Procés'. Son el Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, y más de 300 causas en los juzgados y tribunales de Cataluña.
Esta ley establece que se suspenderán de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en vigor, pero hay discrepancias entre los juristas y los fiscales del Supremo al cuestionar que pueda hacerse de forma automática. El Gobierno PSOE-Sumar destaca que esta norma «ha sido una pieza fundamental para el cierre de una etapa de enfrentamiento y división en la sociedad catalana al abrir una nueva etapa de encuentro, diálogo y prioridades compartidas que la sociedad catalana consagró en las urnas el 12 de mayo y ratificó el domingo».
Pero la realidad es otra: todo queda en manos de las lecturas e interpretaciones de jueces y fiscales. Ante las reticencias que expresan varios de ellos, concretamente quienes representan el Ministerio Público en el Supremo, se prevén nuevas turbulencias. La aplicación de la ley de amnistía no será rápida y abrirá nuevas controversias.
