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El estudio del Observatori Social de Balears titulado «Habitatge i exclusió residencia a les Illes Balears» aporta una conclusión demoledora: el precio de la vivienda es la principal causa de exclusión social en el archipiélago. Este informe advierte de los peligros y el impacto de la especulación salvaje en el mercado inmobiliario. La dificultad para contar con médicos y funcionarios es una de las consecuencias de esta dinámica.

Esta vorágine de precios no puede condenar a una parte de la población y convertir Menorca en un destino excluyente. Es imprescindible que las instituciones con competencia en materia de vivienda se coordinen para aplicar medidas eficaces y rápidas, porque no se pueden demorar. El Govern Prohens ya ha anunciado varias iniciativas para dar respuesta a la crisis habitacional, que exigen un margen para conocer los resultados prácticos de su aplicación.

Pero no nos hallamos ante una crisis local o española, porque la Unión Europea advierte que los precios de viviendas y alquileres se disparan hasta límites inasumibles para los hogares más vulnerables y con menos recursos. El problema inmobiliario puede paliarse con viviendas sociales, pero es mucho más profundo.