La nueva Ley de la Vivienda estatal entró en vigor en mayo. A la gran incertidumbre sobre su supervivencia ante las distintas citas electorales, se ha sumado las dudas que generan algunos de los requisitos que impone a los propietarios. El objetivo de esta norma, que fue aprobada por los partidos de izquierda, consiste es proteger a inquilinos y garantizar el derecho a la vivienda, pero la principal crítica que recibe consiste en que pone en riesgo la seguridad de los propietarios y el derecho a la propiedad. A la hora de instar un desalojo, obliga a los propietarios a demostrar no solo un impago de alquiler o una okupación ilegal de su propiedad sino que no son grandes tenedores o que ese inmueble se destina a vivienda habitual. Gran parte de su aplicación queda en manos de las distintas autonomías.
Evitar los efectos indeseados de la nueva Ley de la Vivienda
26/07/23 4:00
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