Los 46.454 funcionarios del Govern recibirán, este mes de noviembre, una paga extra de entre 380 y 1.000 euros para compensar el impacto de la subida del IPC durante este año. Es razonable que se apruebe esta medida, que en mayor o menor medida también deberán adoptarse en todos los sectores productivos.
Cabe señalar que la Administración encuentra, en la inflación, una mayor vía de ingresos: el IVA conlleva un aumento de la recaudación. La compensación que recibirán los trabajadores públicos de Balears, basada en un acuerdo estatal, podrá ser asumida por las instituciones afectadas porque el Govern, como el resto de autonomías, también figura en el reparto del IVA y otros tributos. En las actuales circunstancias, con una inflación que aún no está controlada, sería un error no tratar de amortiguar su efecto en la economía; y de manera muy especial en las familias.
Un IPC provoca la pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo e inversiones de familias y empresas. La coyuntura actual tan desfavorable, que los organismos internacionales vaticinan se prolongará durante el próximo año como mínimo, obliga a aplicar mecanismos compensatorios que no pueden quedar circunscritos al ámbito de lo público; porque las empresas privadas no pueden quedar al margen de esta dinámica.
