El próximo jueves el Congreso de los Diputados aprobará el proyecto de Ley de Memoria Democrática, un texto que pretende completar la Ley de Memoria Histórica de 2007. Esta nueva norma, promovida por el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, llega acompañada por la polémica, la falta de consenso, el rechazo de los partidos de la derecha –el PP ya ha anunciado su derogación–, las víctimas del franquismo y de destacados políticos de la Transición, como es el caso del expresidente Felipe González.
Todas las acciones para resolver las cuestiones pendientes de la Guerra Civil y el franquismo, a las que se añaden ahora los años de la Transición, generan una gran polémica entre los que consideran que las deudas del pasado quedaron resueltas con el fin de la dictadura y el tránsito a la democracia; y quienes exigen nuevas responsabilidades.
Tapar los acontecimientos del pasado no ayuda a cerrar las heridas; un proceso que otros países han sabido resolver, a diferencia de España. Es preciso afrontar el pasado con generosidad, desde la concordia y la reconciliación, asumiendo la dignidad de todos los que fueron asesinados por sus ideas y convicciones. Necesitamos una mirada que acabe con polémicas estériles. Esta nueva Ley de Memoria Democrática no nace como la herramienta adecuada para conseguirlo; un grave error que debe evitarse.
