Los presidentes del Gobierno y de la Generalitat catalana, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, respectivamente, han de reunirse la próxima semana tras el estallido del caso Pegasus, relativo a las escuchas telefónicas realizadas por el Centro Nacional de Inteligencia a dirigentes independentistas, entre ellos el propio Aragonès.
La directora del CNI, Paz Esteban, afirma en sede parlamentaria que contaba con la preceptiva autorización judicial aunque cabe pensar que el Gobierno tenía conocimiento. Al mismo tiempo el Ejecutivo se presenta como víctima al admitir que los teléfonos del presidente Sánchez -hace un año, pero lo dice ahora- y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido espiados. En este caso, ilegalmente. También se habrían llevado a cabo escuchas ilegales a promotores del proceso de independencia de Cataluña, pero se desconoce quién las ordenó.
Este insólito escenario irrita a los grupos que apoyan al Gobierno, con el desmarque de Unidas Podemos, socio de coalición. No se conoce el día de la reunión Sánchez-Aragonès, pero todo indica que de su resultado dependerá el futuro de la legislatura. Los aliados del PSOE se distancian y complican la estabilidad institucional, aunque ya estén aprobados los Presupuestos del 2022. No resultará fácil recuperar la confianza perdida por un espionaje político sin explicar ni aclarar.
