La nueva estructura de la Casa Real, impulsada por el rey Felipe VI, supone un enorme salto cualitativo en la estrategia de máxima transparencia de la institución. El Tribunal de Cuentas será, a partir de ahora, el organismo que fiscalizará los ingresos y gastos del jefe del Estado y toda su organización. De este modo, la Casa Real se equipara al resto de la Administración pública y deja de ser una excepción en lo que a la materia de rendición de cuentas se refiere.
El Rey se ha visto obligado a acelerar el proceso de transparencia en la Casa Real. Los asuntos en los que se ha visto involucrado su padre, don Juan Carlos, ha supuesto en serio desgaste de la institución monárquica. Don Felipe marca un rumbo diametralmente distinto al del rey emérito. Someter a control los fondos de que dispone la Casa Real significa modernizar y democratizar la más alta representación del Estado español. Desde el palacio de La Zarzuela no se ha querido contemporizar más con todo este asunto. El proceso, iniciado en la pasada legislatura, cuenta con el apoyo de los dos grandes partidos –PP y PSOE–, además de Cs y Vox. Sin embargo, la Casa Real no ha informado a los grupos de izquierda más críticos con la Corona y la Constitución de 1978. La voluntad de integración de la Monarquía parlamentaria, el rey que ha de ser de todos, obliga a ponderar esta decisión.
