Editorial22/04/22 3:59
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Los ingresos fiscales del Govern superaron el 2021 las previsiones en más de 500 millones de euros, lo que permite reducir en 337 millones el endeudamiento de las cuentas públicas. Los datos de este año volverán a poner sobre la mesa el impacto de la presión fiscal sobre las empresas y las familias. El PP, tanto a nivel estatal como autonómico, plantea la necesidad de rebajar los tipos impositivos para dar más liquidez al sistema y reactivar la actividad empresarial. El Govern de izquierdas lo descarta, aunque acepta la posibilidad de introducir algunas desgravaciones para aligerar la carga fiscal de determinados sectores.

El problema del actual modelo tributario español, y por extensión el de Balears, es el escaso paralelismo entre la calidad de los servicios públicos y las prestaciones que reciben los ciudadanos. La presión fiscal se puede considerar excesiva o no en función de la eficiencia de estos servicios y prestaciones, en especial las materias consideradas esenciales: la sanidad, la educación y la asistencia social. Sin negar el nivel alcanzado, es innegable la frustración que produce el enquistamiento de carencias como las listas de espera, la insuficiente asistencia sociosanitaria, la falta de plazas escolares y en los geriátricos, así como la demora en inversiones que se anuncian y no se realizan. Esta es la raíz de la cuestión.