Balears recibe este año 2.200 euros por habitante en el sistema de financiación, cuando la media española es de 2.317 euros. Las Islas vuelven a quedar por debajo de la media, lo que evidencia la necesidad y la urgencia de revisar unos criterios que perjudican al archipiélago. Pero esta cuestión no constituye una prioridad ni aparece en la agenda del Gobierno, a pesar de que el Ministerio de Hacienda entregó en diciembre la propuesta de un nuevo modelo de financiación sobre el criterio de la población ajustada.
Ahora se confirma que la legislatura acabará sin esta reforma por la dificultad de cerrar el acuerdo, la salida de la pandemia y la invasión de Ucrania. La presidenta Armengol anunció una alternativa basada en el federalismo fiscal, la inclusión de la población flotante, el principio de ordinalidad y que el mar compute como superficie de Balears.
Al mismo tiempo, el PP, Més y el PI alertaron de que la propuesta de Hacienda perjudica más a Balears que el actual sistema. Este nuevo retraso constituye una mala noticia para Balears, que ha aportado al fondo de solidaridad 3.000 millones en la última década. Siguen sin aplicarse los beneficios fiscales incluidos en el Régimen Especial aprobado en febrero de 2019. El aplazamiento de la nueva financiación exige reclamar al Gobierno el desarrollo de las medidas fiscales del REB.
