Un fraude en el descuento que perjudica a los residentes y al Estado

Una actitud que cabe calificar, como mínimo, de negligente, porque incrementa el precio de los billetes y los costes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Sólo con la aplicación de severas sanciones a las compañías que incumplen las normas se evitará que se perpetúen estas prácticas inaceptables, con graves consecuencias para el conjunto de los contribuyentes. Mantener un sistema tan opaco como arbitrario en la gestión y aplicación del descuento de residentes no es aceptable. El ciudadano debe saber desde el primer momento –como ocurre en la inmensa mayoría de las prácticas comerciales– el precio final y el desglose de los costes. Sólo con un modelo de compra de billetes que garantice la máxima transparencia será posible acabar con fórmulas engañosas, auténticos fraudes, que perjudican a los residentes y al conjunto del país.