Todavía hay compañías aéreas que incorporan la condición de residente al final del proceso de compra del pasaje. Una práctica fraudulenta, que vienen denunciando tanto las agencias de viajes como las asociaciones de consumidores. Pero las instituciones responsables, empezando por el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Aviación Civil, no corrigen esta grave irregularidad que permite obtener beneficios con la compensación de los costes de insularidad.
Una actitud que cabe calificar, como mínimo, de negligente, porque incrementa el precio de los billetes y los costes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Sólo con la aplicación de severas sanciones a las compañías que incumplen las normas se evitará que se perpetúen estas prácticas inaceptables, con graves consecuencias para el conjunto de los contribuyentes. Mantener un sistema tan opaco como arbitrario en la gestión y aplicación del descuento de residentes no es aceptable. El ciudadano debe saber desde el primer momento –como ocurre en la inmensa mayoría de las prácticas comerciales– el precio final y el desglose de los costes. Sólo con un modelo de compra de billetes que garantice la máxima transparencia será posible acabar con fórmulas engañosas, auténticos fraudes, que perjudican a los residentes y al conjunto del país.
