Con el retraso de una semana, todo el sector hotelero de Mallorca y la Agrupación de Cadenas de Balears se manifiesta en contra de la ley turística que promueve el Govern. Solo se habían levantado voces de protesta en Menorca, que lideró la Asociación Hotelera de Menorca. Pime-Menorca, la Asociación de Constructores, Viturme, Agrame y Aptume también expresaron su desacuerdo.
La que podría considerarse como medida estrella de una ley cuyo principal objetivo político y económico es el decrecimiento de la oferta, no gusta a las asociaciones empresariales. Esta ley turística no cuenta con el apoyo de los sectotres afectados, que aceptan lo relativo a la sostenibilidad y economía circular. Hay una falta de acuerdo entre el Govern y los actores protagonistas de la ley, al que hay que añadir la oposición del Partido Popular que anuncia su retirada si gobierna en 2023. Cabe preguntar si tiene sentido aprobar una ordenación sin el compromiso de quienes resultan afectados.
El conseller Negueruela ha cometido un grave error de cálculo y sus premisas han resultado erróneas. Cambiar el modelo turístico solo es factible con la convergencia de voluntades, políticas y sociales. Un marco legal de esta trascendencia no puede convertirse en una mercancía electoral, es mucho lo que se pone en juego para abordarlo desde el personalismo.
