A partir de mañana, el precio máximo de los test de antígenos que hoy se pueden adquirir en las farmacias será de 2,94 euros. Con esta medida, el Gobierno pretende acabar con la especulación de un producto con una gran demanda para detectar contagios de covid. España era de los pocos países europeos que no había tomado ninguna decisión sobre estos dispositivos, que en otros países pueden obtenerse de forma gratuita o a precios mucho más asequibles, incluso en superficies comerciales y tiendas de alimentación.
La decisión del Gobierno llega tarde y es fruto, en gran medida, a la presión ciudadana y las asociaciones de consumidores. Ya ocurrió las mascarillas al principio de la pandemia, cuando en las farmacias se agotaron las existencias y en Menorca los fabricantes de calzado se tuvieron que poner a fabricar mascarillas para el personal del Mateu Orfila y la población. El Gobierno tuvo que rebajar el IVA, medida ya aprobada por otros países, y hoy las mascarillas se pueden adquirir en numerosos establecimientos.
El Gobierno no puede actuar con retraso en temas tan sensibles; debe facilitar y abaratar la venta de test de antígenos para evitar que la población con escasos recursos no tenga acceso a las medidas de prevención frente al coronavirus. Proteger a los ciudadanos ha de ser su máxima prioridad.
