El Govern solicitó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Balears el aval que permita exigir al personal sanitario la presentación del certificado Covid para acceder y desempeñar sus puestos de trabajo en la sanidad pública y privada. También para que los cientos de profesionales del IBSalut que todavía no se han vacunado deban someterse a tres pruebas diagnósticas semanales, dos de ellas PCR, para seguir ejerciendo su actividad laboral.
Esta medida del Ejecutivo autonómico, pionera en España, llega tras el fiasco de dejar fuera de la exigencia del certificado el acceso a los bares y cafeterías con aforos superiores a 50 personas en pleno puente, mientras, en las mismas fechas, se hacía lo propio en restaurantes.
Y después también de que más de 1.500 docentes de Balears han rechazado ser vacunados. ¿Será el próximo colectivo profesional al que, como a los sanitarios, se les exigirá la vacunación o bien la presentación de PCR continuos? El Govern da un paso más hacia la obligatoriedad de la vacunación de determinados grupos de empleados públicos, como son los que integran sanitarios y profesores; cuyos casos de renuencia a la vacuna causan indignación entre la mayoría de ciudadanos. En esta línea, cabe plantear la misma exigencia para los empleados de los centros geriátricos al atender a personal de riesgo.
