El «dicho y hecho» de la ministra Montero para cobrar las plusvalías

El Gobierno aprobó ayer un decreto ley para modificar este tributo municipal y sortea la sentencia del Tribunal Constitucional que el 26 de octubre lo dejó sin efecto al anular el procedimiento para el cobro. Con este decreto, que ha de devolver el impuesto al marco constitucional, los ayuntamientos tendrán un plazo de seis meses para adaptar sus ordenanzas fiscales a la nueva regulación. Mientras tanto, aplicarán la legislación estatal.

El Constitucional dejó las plusvalías sin efecto al considerar que varios de sus aspectos eran excesivos o exagerados y podían lesionar el principio de no confiscatoriedad. La anulación dejó a los municipios sin unos ingresos que ascienden a a 2.300 millones de euros. Pero los alcaldes respiran tranquilos porque podrán seguir gravando las transacciones inmobiliarias donde haya un aumento de valor. Con una celeridad inusual y con un amplio acuerdo político se ha impuesto el criterio de seguir recaudando en lugar de plantear reformas o recortes.