La Ley de la Vivienda aprobada por el Consejo de Ministros, que ha de ser validada por el Congreso, además del lógico debate político sobre cómo afecta al derecho a la propiedad, genera dudas sobre su incidencia y eficacia en Menorca.
Después del misterio que ha rodeado el contenido de su redacción, se ha confirmado que existen dos condiciones que han de darse simultáneamente para que una zona pueda ser considerada tensionada: que el incremento de precios de los cinco años anteriores a la declaración sea cinco puntos superior a la subida del IPC en el mismo periodo. Y, en segundo lugar, que se destine más del 30 por ciento de la renta familiar al pago del alquiler y suministros.
Los datos de Hacienda sobre la renta media por hogar y la última estadística oficial de precios de los alquileres, que se remonta a 2018, apuntan que Menorca no cumple las condiciones para ser declarada zona tensionada, algo que no depende de la voluntad política de un partido, sino de que se den las condiciones.
La Comunidad Autónoma deberá realizar los estudios previos que avalen la declaración de zona tensionada y exponer públicamente sus resultados. Convendría no dar por supuesto lo que no avalan los datos y gestionar que lo que pueda resultar positivo de la Ley también beneficie a Menorca.
