La delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo, manifestó el 14 de octubre que «los consells insulars no han de renunciar al convenio de carreteras, ni debe hacerlo el Estado», y añadió que «no esté listo ni incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 no significa que no puedan incluirse más adelante».
La desaparición del convenio de las cuentas del Estado para el próximo año, con una inversión pendiente que asciende a 250 millones de euros en Balears, de los que 22 corresponden a Menorca, debe motivar la reclamación del Consell, que aguarda explicaciones del Govern y del Ministerio de Transportes, y que se ve obligado a pagar de fondos propios obras que ya tenían estar acabadas.
Las inversiones en carreteras se llevarán a cabo a través del Govern, lo que constituye una treta denunciada por Més per Menorca ayer en el Parlament. La presidenta Francina Armengol eludió contestar y se remitió a otras cuestiones. Todo apunta a que el dinero para las carreteras forma parte del factor de insularidad, lo que constituye un cambalache inaceptable, con el que Menorca sale perjudicada. Armengol, que hoy se desplaza a Menorca, tiene una magnífica oportunidad para darnos explicaciones.
