El PSOE y el PP han acordado la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, pendiente desde 2019; pactan el recambio de doce consejeros del Tribunal de Cuentas, y sitúan a Ángel Gabilondo, exministro y exportavoz socialista en la Asamblea de Madrid, como nuevo Defensor del Pueblo.
Acuerdos que empiezan a desatascar la principales instituciones del Estado. También son designados los integrantes del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, sigue pendiente, a pesar de que su mandato ha sido ampliamente rebasado. La exigencia de amplias mayorías para designar estos cargos obliga a pactar pero también facilita el bloqueo como arma política. Esta estrategia no favorece la estabilidad institucional.
Hay que celebrar esta nueva etapa de entendimiento, pero queda pendiente un compromiso de continuidad en el futuro, lo que implica la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es la gran asignatura pendiente que será necesario abordar tras esta primera tanda de nombramientos para el normal y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia en España.
