Con los llegados ayer, son casi 2.200 los migrantes que de forma irregular han desembarcado este año en Balears, de forma masiva en las Pitiüses y Mallorca. Unas cifras que confirman la existencia de una consolidada ruta de inmigración ilegal entre Argelia y el archipiélago gestionada por mafias que trafican con la desesperación y el sueño de una presunta vida mejor en Europa.
Pero tras la llegada, en 48 horas, de una veintena de pateras con 350 personas a bordo, el ministro del Interior sostiene que en el Gobierno «no hay ninguna preocupación extraordinaria» por la avalancha de inmigrantes. Unas declaraciones relativizando la situación en la línea de las pronunciadas por el mismo Grande–Marlaska en agosto cuando la llegada constante de pateras era un hecho. «No hay ningún problema a resaltar. Balears cuenta con las infraestructuras precisas y necesarias para dar respuesta». La realidad es que España tiene un problema migratorio en Balears. No solo no puede obviarlo, sino que debe poner todo de su parte para aliviarlo. Aunque solo sea para devolver la dignidad de quienes principalmente lo sufren: los seres humanos que se juegan la vida en el mar.
