La Oficina de prevención y lucha contra la corrupción en Balears tiene 110 denuncias pendientes de tramitación para la falta de recursos. Hasta ahora, según datos de este organismo, sólo un 5 por ciento de los casos registrados ha tenido recorrido administrativo o penal. Desde que se constituyó, en 2018, no ha resuelto el 48 por ciento de las informaciones relativas a presuntas conductas irregulares en la Administración.
La creación de la Oficina Anticorrupción durante la pasada legislatura generó polémica por la escasa claridad de sus funciones que colisionan con la Fiscalía Anticorrupción y la falta de medios. Su puesta en marcha pretendía ser un gesto político para frenar el deterioro de la imagen institucional ante los ciudadanos, dada la profusión de casos que se investigaban en las instancias judiciales.
Que los expedientes se acumulen en un organismo de tres años de existencia sólo crea desconfianza, más cuando su labor es tan delicada como la de aportar transparencia en la gestión pública. Esta oficina debe adquirir credibilidad, y el mejor método es ser resolutiva en los temas que aborda. No es sencillo, pero las soluciones ya no pueden demorarse más.
