La aprobación de los Presupuestos del Estado de 2022 exige el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, pasa por fomentar el alquiler de viviendas y tiene como mascarón de proa las ayudas de 250 euros a los jóvenes, como anunció ayer el presidente Sánchez.
Hay demasiados puntos que están en el aire para saber si se modificará el actual marco legal que regula el mercado inmobiliario o estamos ante otro globo sonda de incierto recorrido. El gancho de los 250 euros con los que el Gobierno quiere incentivar la emancipación de los jóvenes transmite la incapacidad de controlar unos precios inasumibles para el segmento de la población con la tasa más alta de desempleo. Las acciones sobre el IBI –que corresponden a los ayuntamientos– o los grandes tenedores forman parte de las medidas a concretar.
Cuando se conozcan los detalles de los planes gubernamentales se conocerán las reacciones del mercado, aunque resulta complejo pretender que sin una intervención directa, garantizando una oferta amplia de vivienda pública a precios razonables, los propietarios se responsabilizarán de resolver una cuestión tan grave como es la hiperinflación del mercado del alquiler en España.
