La escalada acelerada en los precios de la energía eléctrica y los combustibles de automoción obliga al Gobierno a poner sobre la mesa una reducción en la fiscalidad para aminorar su impacto sobre los consumidores. Una medida que plantea como provisional por la merma en los ingresos del Estado. Estos incrementos incomodan a PSOE y Podemos porque, cuando estaban en la oposición, los criticaban con dureza y afirmaban que al llegar al Gobierno no se producirían.
Tanto la electricidad como los combustibles deberían tener la consideración de productos de primera necesidad, pero en la actualidad soportan un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21 por ciento. Es, urgente, por tanto, rebajar una fiscalidad tan onerosa en un segmento cuyo consumo es imprescindible y sobre el que el Estado siempre ha encontrado una vía de recaudación fácil y garantizada.
El Gobierno debe evitar que aumente la pobreza energética. Lo más preocupante es que solo se plantea una intervención momentánea, con la amenaza de regresar al esquema actual. Familias, empresas y consumidores reclaman medidas inmediatas que garanticen precios asequibles y estables.
