La exigencia de la máxima certificación de consumo energéticos, incluida en la revisión del Plan Territorial Insular, motiva una seria y contundente advertencia de los arquitectos de Menorca que debe ser atendida. Según la demarcación menorquina del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears, esta nueva imposición normativa resulta inútil y además es perjudicial.
Manifiestan que resulta inasumible y avisan del impacto económico que ocasionará al provocar un encarecimiento del 30 por ciento en el coste de las obras que se ejecutan en la Isla. La actividad en el sector, con unos 200 proyectos hoy paralizados, pendientes de la revisión del PTI, se verá seriamente afectada por la gran dificultad para obtener la calificación «A». En cambio se obtendrán escasas contrapartidas y un mínimo ahorro energético, porque no es lo mismo que un edificio consuma poca energía a que un edificio sea sostenible. La llamada de atención de los arquitectos, que reclaman la retirada o modificación sustancial del artículo 55, destapa otra restricción que pretende introducir el Consell con el PTI. Se impone la sensatez y el sentido común en un plan que afecta al conjunto de la economía de Menorca.
