Dos centenares de funcionarios del Ministerio de Justicia marchan de Balears tras obtener plaza en la Península. Una decisión motivada por el elevado coste de la vida que consideran descompensado respecto al plus que reciben; muy inferior respecto a los desplazados a Canarias. Esta situación dificulta el funcionamiento de los Juzgados, además de perpetuar una crónica interinidad.
La huida de los funcionarios no es exclusiva del Ministerio de Justicia. Policías, militares y empleados de empresas públicas de la Administración central también contribuyen a esta inestabilidad laboral sin que el Gobierno central esté dispuesto a corregirla. Mientras los pluses de insularidad no compensen el elevado coste de vida en Balears, este claro agravio se repetirá y además se acentuará, y sus consecuencias las padecen los residentes en el archipiélago. Estas islas son una mera escala en la trayectoria profesional de centenares de trabajadores de la Administración que cada año hacen un viaje de ida y vuelta. Cabe preguntarse hasta cuándo se mantendrá la inacción del Estado y cuánto tiempo tardará en tomar conciencia de que venir a trabajar en Balears no debe ser un castigo.
