La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió ayer a una prolongación de los ERTE para los trabajadores fijos discontinuos de Balears mediante una bonificación del 50 por ciento de sus costes. Esta medida supondrá un ahorro de 145 millones de euros al sector turístico, que sufre un desplome sin precedentes en la demanda desde marzo.
Los intentos de apertura de los mercados en julio y agosto fracasaron y, en consecuencia, el balance es desolador. Dar la espalda a Balears en estos difíciles momentos por parte del Gobierno sería un suicidio económico para el país y una injusticia para el conjunto de la sociedad balear. Durante décadas, el Estado ha tenido en el turismo de las Islas y de otros enclaves del país, un auténtico salvavidas para los momentos más críticos; la fortaleza del sector turístico ha creado miles de puestos de trabajo e inyectado recursos millonarios a las administraciones públicas. La pandemia de la Covid-19 ha paralizado la actividad turística con países confinados, fronteras cerradas y vuelos suspendidos. No cabe negar estas ayudas, aunque el Gobierno también ha de tener en cuenta las empresas que no son del sector turístico.
