El concepto de «solidaridad» debió desvanecerse a partir de 1978, cuando España dejó de ser centralista y se reconoció como un Estado autonómico. La idea era que cada territorio dispusiera de instituciones y competencias para desarrollar proyectos adecuados a sus características, aprovechado sus propios recursos para generar trabajo y riqueza.
En 1978 estaba claro que aquel objetivo no se conseguiría de inmediato, así que las comunidades más 'ricas' o industrializadas debían ayudar a las más retrasadas. La Constitución promulgaba que cada autonomía debía avanzar por sí misma de la mano del Estado, que se guardaba mecanismos de «compensación» o «solidaridad».
En general, pocas cosas han cambiado en 40 años. Sus presidentes autonómicos siguen equilibrando las cuentas públicas gracias a las aportaciones que reciben del Gobierno central, no de la suficiente generación de riqueza de sus autonomías. El modelo autonómico, tal y como está planteado, no sirve. A excepción de País Vasco y Navarra, el sistema de financiación es injusto para aquellas comunidades más productivas.
Sin estar sujetos a la responsabilidad fiscal, hay presidentes autonómicos que han hecho de su trabajo una reivindicación permanente de recursos al Gobierno central. Con esta perspectiva, ahora hiriente por los estragos que la pandemia produce a la economía de las Islas, Balears entregará más de 400 millones de euros para ser ‘solidaria' con otros territorios del Estado.
