El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió ayer que la seguridad del Rey emérito «concierte, evidentemente, al Estado español», pero se negó a aportar cualquier detalle. «En cuestiones de seguridad del anterior jefe del Estado espero que entendáis que es razonable y oportuno que el ministro del Interior, por estas propias razones y circunstancias no dé ningún dato al respecto», manifestó al ser preguntado por los periodistas.
Ni una palabra sobre el paradero de don Juan Carlos ni un dato sobre el dispositivo de seguridad al que aludió. Desde que la Casa Real informó que don Juan Carlos había comunicado a su hijo, Felipe VI, la decisión de trasladarse «en esos momentos» fuera de España han aumentado las dudas en torno a la salida del rey emérito. Se añaden ahora las relativas a su seguridad. La ejemplaridad de la Monarquía parlamentaria, que hoy encarna Felipe VI, exige transparencia. La Corona no ganará credibilidad y afecto popular con secretismos y ocultando datos relevantes que están siendo reclamados. La Casa Real debe modificar su política de comunicación con informaciones y gestos que transmitan confianza en el Rey.