La titular de la Conselleria de Salud, Patricia Gómez, dio a conocer ayer el contenido del decreto que regula el uso de la mascarilla en Balears a partir de ahora, cuyo obligatoriedad se ha rebajado en determinadas circunstancias respecto a lo anunciado la pasada semana. La norma se divulgó con posterioridad a la tabla de sanciones, una secuencia sorprendente y que refleja las dificultades para alcanzar una redacción consensuada; determinados sectores empresariales vinculados con el turismo no ocultaron su rechazo a las nuevas exigencias por el impacto negativo que les suponía.
La obligatoriedad en el uso de las mascarillas en Balears responde a la lógica preocupación del Govern por la aparición de rebrotes descontrolados que obliguen, como ha ocurrido en otros puntos del Estado, a tener que adoptar medidas de confinamiento. El impacto que tendría en la ya malograda temporada turística sería devastador. Sin embargo, la universalidad de la norma –que se exceptúa en los paseos marítimos o en las excursiones por la naturaleza– podría matizarse. El progresivo incremento en la llegada de turistas durante la próxima semana obliga a desplegar todas las medidas de prevención posibles, aun cuando no son pocas las voces en las Islas que reclaman la imposición del requisito de una prueba previa de control en el país de origen. Lograr mantener el control sobre la pandemia este año puede ser la salvación del futuro de la economía balear.
