En un comunicado conjunto, difundido por el Consell en la tarde del lunes, los ocho alcaldes de Menorca anuncian varias medidas para dar respuesta a la emergencia social y económica que está provocando la pandemia del coronavirus en la Isla. «Intentaremos -afirman los munícipes- dar respuestas con la mayor rapidez posible», para recordar a continuación que no pueden actuar «al margen de los procedimientos administrativos y los trámites legales».
En una situación de extrema gravedad como la que estamos viviendo, es preciso pasar de los anuncios a las palabras. Los ayuntamientos son la administración más próxima a los ciudadanos y, por tanto, han de convertirse en agentes activos para aportar respuestas y aportar medidas. No pueden quedar en el intento, sino que han de actuar con rapidez y eficacia, y si es preciso, agilizar y acortar los trámites manteniendo la seguridad jurídica exigible en un Estado de Derecho. Por ejemplo, al anunciar que «estudian la posibilidad» de crear una línea de ayudas para los comercios más perjudicados abren más interrogantes que certezas. Los estudios y las posibilidades han de transformarse en acciones que no se pueden demorar.
