El Consell de Menorca tiene transferidas las competencias en materia de actividad inspectora de la ordenación turística, pero a pesar del gran número de viviendas que se anuncian de forma irregular en las grandes plataformas comercializadoras, aún no ha impuesto ninguna sanción por alquiler turístico ilegal. En 2017 fue aprobada la nueva Ley General Turística de Balears, pero la primera institución política menorquina aún no ha resuelto ninguno de los expedientes incoados.
En conjunto, según el último recuento del Consell, se han descubierto en Menorca 1.937 viviendas que se anuncian y se comercializan de forma irregular para el negocio del alquiler turístico, lo que supone 546 más de las 1.391 legales. Ante la magnitud de estas infracciones, y teniendo en cuenta que la administración a la que corresponde inspeccionar y sancionar sólo ha incoado 28 expedientes, está claro que el Consell elude sus responsabilidades. Todo sigue en el aire, con una zonificación, largamente debatida, que carece eficacia y la revisión del Plan Territorial Insular que acumula demoras e incógnitas.
¿Tiene intención el Consell de ordenar, de una vez por todas el alquiler turístico en Menorca?
