La sentencia del Tribunal Superior (TSJB) que anula el decreto que regula las exigencias de competencia lingüística del catalán entre los profesionales de la sanidad pública balear, un fallo promovido a instancia del recurso que presentó el sindicato CSIF, ha generado una honda preocupación en el sector. Las consecuencias más inmediatas plantean dudas e incertidumbre entre los profesionales afectados, pero también sobre sus efectos en la contratación de personal para cubrir la demanda creciente de un servicio de una prestación esencial.
La anulación del decreto, que previsiblemente recurrirá el IB-Salut ante el Tribunal Supremo, recupera la exigencia del catalán como requisito para el acceso a la función pública del personal sanitario. Hay un derecho irrenunciable de los ciudadanos de las Islas a ser atendidos por un trabajador público en su idioma propio, sea catalán o castellano. Así es y así debería seguir siendo mediante los medios legales adecuados. El IB-Salut, y por extensión el Govern, tiene que trabajar con urgencia para garantizar la asistencia sanitaria de calidad en los centros públicos. Hay en la actualidad mecanismos que permiten la contratación de profesionales para atender la demanda, en especial durante el período estival. Ello no debe significar la renuncia a la defensa del idioma propio de Balears en todos los ámbitos, además de, por supuesto, un trato ecuánime a todos los trabajadores públicos.
