Editorial15/01/20 0:00
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La titular de la Conselleria de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ha admitido el despido de cinco educadores durante la pasada legislatura y la reciente por conducta sexual inapropiada con jóvenes internos en tres centros dependientes del Govern –Es Pinaret, Es Mussol y Son Fusteret–; una situación que podría venir heredada de tiempo atrás. En todo caso, lo ocurrido es un auténtico escándalo que merece ser detallado por sus responsables, en las instancias políticas y judiciales, para conocer su verdadero alcance y las medidas que se han adoptado para garantizar que no volverán a repetirse.

Estos centros, que pretenden la integración de jóvenes conflictivos, deben disponer de profesionales íntegros y capacitados. A la vista de lo sucedido resulta obvio que no ha sido así en algunos casos. No estamos ante un caso aislado. Hasta el momento solo han trascendido los episodios de la pasada legislatura, pero es problable que haya más. ¿Estamos ante un tema derivado de una falta de control o de una o más tramas perversas? Asuntos Sociales denunció los hechos ante el estamento judicial, sin que se sepa, por el momento, qué actuaciones se han llevado a término.

Se abre un dramático panorama sobre cómo trabajan las instituciones con los menores a su cargo; qué y de qué manera está fallando de un modo tan grave.