Los concejales de las corporaciones municipales desempeñan funciones públicas que están reguladas, como el acceso a los documentos, informes y expedientes que tramita la Administración Local, bajo el amparo y la salvaguarda que garantiza la Ley de Protección de Datos Personales.
El acceso de los ediles de la oposición al registro está reglado y no cabe buscar atajos porque entonces se incurre en prácticas irregulares, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Alaior.
El alcalde José Luis Benejam y la secretaria municipal han suscrito una resolución con la que suspenden, de facto, el acceso de los concejales de Junts per Lô al registro municipal tras descubrir la entrada reiterada en el sistema informático del Ayuntamiento, aprovechando un fallo del equipo, para consultar documentos protegidos. Sorprendentemente, expedientes y datos a los que se tuvo acceso de forma torticera fueron difundidos poco después de haber sido registrados. Una auditoría encargada por el equipo de gobierno ha confirmado estas anomalías y desviaciones.
En política no todo vale, los datos de los ciudadanos que están protegidos por ley han de ser respetados, y en un caso de esta gravedad es preciso que se asuman públicas responsabilidades.
