Alardear de control sobre los fiscales, como hizo ayer en presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, refleja una torpeza impensable para un mandatario experimentado como él. El colectivo de fiscales no ha ocultado su profundo malestar por las declaraciones que efectuó en el transcurso de una entrevista en Radio Nacional de España, los cuales han reivindicado su «autonomía funcional» en el desempeño de sus labores en los procedimientos judiciales.
El discurso de Sánchez, que trató de matizar en las redes sociales, encendió la campaña electoral y revalidó el argumentario del independentismo catalán ante las condenas de los políticos implicados en el procés. El Gobierno tiene la potestad constitucional de nombrar al Fiscal General del Estado, pero la Fiscalía tiene un funcionamiento autónomo, sin interferencias, como integrante del sistema judicial. Las imprudentes declaraciones de Sánchez abonan las tesis de quienes cuestionan la independencia judicial en nuestro país, más en unos momentos tan delicados como los actuales. El presidente en funciones y candidato socialista ha socavado todavía más el descrédito social del estamento judicial, un pilar indispensable de cualquier modelo de estado que se quiere definir como democrático.
