El proyecto de los Presupuestos autonómicos para el próximo año, que ayer aprobó el Govern, confirma los recortes anunciados. La desaceleración que se avecina obliga a interrumpir el ciclo expansivo de los últimos años, con un recorte del 7,5 por ciento en las inversiones. Se libran las partidas destinadas a los servicios sociales. El aumento en la presión fiscal, centrada en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, no consigue neutralizar el desplome de los ingresos.
Hay que celebrar que las cuentas del Govern traten de aproximarse a la realidad de la situación económica del 2020. Los errores que se cometieron al principio de la gran crisis de 2008 no pueden repetirse hoy, porque dar la espalda a los problemas garantiza el fracaso y más en materia económica. De hecho, España aún paga las consecuencias. No se pueden prometer ni ejecutar inversiones a costa de incrementar el cotoso endeudamiento de la Comunidad Autónoma.
Durante la tramitación en el Parlament se concretarán las inversiones que quedan aparcadas. Un momento clave por lo que supone de discurso contradictorio que exige un esfuerzo didáctico ante los ciudadanos.
