El requerimiento del Consell a las webs que ofrecen viviendas irregulares para el alquiler turístico, diecinueve días después, no ha conseguido una respuesta. La advertencia de posibles sanciones tampoco ha motivado a las plataformas a reaccionar. Algunas de ellas indican que, en su opinión, la responsabilidad de cumplir las normas es de quien se anuncia y no de las empresas propietarias de las webs de comercialización.
El servicio de inspección del Consell determinó que de las casi 3.400 viviendas ofertadas en alquiler unas 2.000 no tenían licencia, un 57 por ciento del total. Solo este dato ya pone en evidencia la importancia del fraude. Por este motivo, es necesario que el Consell lleve a cabo las acciones de inspección y la apertura de expedientes disciplinarios, que han de llevar a la imposición de sanciones. Solo de esta forma se conseguirá un seguridad jurídica y se evitarán agravios comparativos, con quienes sí cumplen la legislación.
Un aspecto distinto es si la zonificación aprobada por el Consell es la planificación más adecuada. Para ello, habrá que esperar al PTI y a la resolución del recurso que Aptume presentó ante el Tribunal Superior de Justicia.
