Diez meses después de haber publicado la convocatoria de las ayudas destinadas al alquiler de viviendas, el Govern aún no ha dado respuesta a las 4.700 peticiones formuladas. Estas subvenciones públicas, que deben ser gestionadas y resueltas por la conselleria que dirige Marc Pons, forman parte del Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2018-2021 mediante un convenio suscrito por el Ejecutivo central y el Gobierno central.
El plazo para la presentación de solicitudes se cerró el pasado 30 de octubre. En tres meses tenían que haberse tramitado y dar respuesta a los peticionarios, pero ya han transcurrido ocho meses y persiste el silencio. El retraso provoca malestar y protestas porque estas ayudas fueron publicitadas con gran difusión como una medida del Govern del Pacte para paliar el problema de la vivienda.
En enero pasado tenían que haber quedado resueltas, pero aún no se han publicado las listas provisionales. Desde la Conselleria de Territorio aluden al gran número de peticiones presentadas, un cambio en las bases y la voluntad de ser flexibles con las rentas más bajas. Lo cierto es que esta demora, además de inaceptable, exige explicaciones y responsabilidades.
