Editorial18/06/19 0:00
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Bajo amenaza de multa de la Unión Europea, España ha sido el último país de Europa en aplicar la directiva comunitaria que regula los créditos inmobiliarios. Con más tres años de retraso ayer entró en vigor la nueva Ley Hipotecaria que obliga a las entidades financieras a asumir los gastos de notaría, gestoría y registro. Los clientes podrán ahorrar entre 500 y 1.000 euros porque serán los bancos quienes asumen estos costes, así como el polémico impuesto sobre actos jurídicos documentados. Otras novedades que introduce este cambio legislativo consisten en un abaratamiento de los intereses de demora y de amortización anticipada, así como el incremento de los meses de impago antes de empezar el procedimiento de ejecución de un crédito.

Quienes ya tengan una hipoteca contratada no podrán beneficiarse de estos cambios porque no tienen carácter retroactivo, pero podrán aprovecharse de las modificaciones relativas a la novación, vinculación y subrogación del préstamo. Este marco legal refuerza la seguridad jurídica, objetivo que exige más celeridad en su aplicación, tanto por los bancos como la Administración, que han actuado con excesiva parsimonia.