El decreto ley que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil para ejecutar los desahucios acarreará, según advierten los propios jueces, graves problemas en su aplicación. Exigir un informe previo a los servicios sociales antes de llevar a cabo el desalojo de una vivienda por el impago del alquiler retrasará todo el procedimiento y provocará un serio colapso en todos los departamentos implicados.
La norma revela una evidente improvisación con la intención de intentar resolver el problema del encarecimiento de los alquileres, con acusada incidencia en zonas turísticas como Balears. Este decreto agrava la situación y ocasiona una situación de indefensión a los propietarios.
La mayoría de los desahucios ya no son hipotecarios, sino por impago de los alquileres. El Gobierno pretende que los particulares soporten la prolongación de los trámites judiciales con unos servicios sociales municipales que se verán colapsados. Esta iniciativa, con la proliferación del fenómeno okupa, vinculada a comportamientos delictivos, no ayuda a resolver la escalada de precios de la vivienda. Atacar y debilitar los derechos de los propietarios acabará perjudicando a los inquilinos. Un auténtico despropósito.
