Dos años después de su creación, la Oficina Anticorrupción, uno de los compromisos electorales del Pacte más publicitado, protagoniza un golpe de efecto. Mediante un requerimiento solicita que en el plazo de diez días le sean remitidas las declaraciones de bienes de los diputados autonómicos y altos cargos del Govern. Esta documentación ya debería estar hace meses en manos del director de la oficina, Jaume Far.
Las tensas relaciones de Far con el Govern y el resto de integrantes del Pacte han sido constantes. La Oficina Anticorrupción apenas dispone de medios humanos y técnicos para llevar a cabo su cometido con eficacia. Han sido patentes las discrepancias con el Govern y el Parlament, instituciones a las que ha solicitado información para combatir las irregularidades en la administración autonómica.
El acoso al que se somete a Jaume Far cuestiona la voluntad real de transparencia que impulsó la puesta en marcha de una oficina cuya actividad arranca al final de la legislatura.
Falta sólo un mes para disolución del Parlament y la convocatoria de las elecciones autonómicas que se celebrarán el 26 de mayo. Cabía esperar más por la expectación suscitada.
