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Los cambios introducidos, mediante el procedimiento del decreto ley, en la regulación de los arrendamientos urbanos sitúa a Balears en una posición pionera.

Será la única comunidad que podrá aplicar un incremento del cincuenta por ciento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías. Esta medida persigue el objetivo de forzar la salida al mercado de estas viviendas y abaratar los precios que la mayoría de ciudadanos consideran hoy inasumibles. En Balears será posible aumentar el IBI porque ya cuenta con una definición legal de cuáles son los inmuebles en desuso.

El legislador pretende presionar a los grandes tenedores de viviendas -en especial las entidades financieras- para que agilicen su comercialización y evitar su retención con fines especulativos. Otra cuestión es que se logre un abaramiento de precios.

Es un incógnita el impacto de este incremento del IBI, que en Balears puede afectar un parque de 71.225 viviendas, según las cifras del Govern. Se desconoce la reacción de municipios pequeños ante la aplicación de una medida tan impopular, que puede afectar a cualquier propietario. A corto plazo no es la solución contra el problema del encarecimiento de la vivienda.