El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Fomento, un decreto ley de medidas urgentes para el sector de la vivienda con el objetivo prioritario de facilitar el acceso a la oferta de inmuebles en alquiler. Se ampliará la duración de los contratos de tres a cinco años y se establecerá el abono de un máximo dos mensualidades como fianza.
Este paquete normativo no incluye ninguna referencia a un tope para el precio de los alquileres, mientras que en el alquiler turístico se incrementa el control de los vecinos. Al margen del rechazo de Podemos a la validación parlamentaria del decreto ley, la propuesta del Gobierno introduce cambios sustanciales en un mercado cuyos precios al alza provocan un gran descontento ciudadano.
Modificar el actual régimen de garantías incidirá en la relación oferta-demanda, pero constituye una incógnita en qué sentido, con el riesgo de retraer una oferta ya de por sí escasa.
En Balears adquiere gran trascendencia esta legislación al afectar a los alquileres turísticos. Cuestiones complejas que presentan numerosas aristas y abren dudas. Será preciso alcanzar un elevado consenso para evitar futuros conflictos.
