Editorial27/10/18 22:20
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La advertencia de inconstitucionalidad formulada por los servicios jurídicos del Gobierno a las cuestiones nucleares de la Ley de Vivienda redactada por el Govern cuestiona una de las normas más emblemáticas de esta legislatura. Todos los partidos del Pacte se han comprometido a actuar ante el encarecimiento del mercado inmobiliario en Balears, que constituye un objetivo político del mandato. La propuesta legislativa del Govern pretendía introducir medidas correctoras que, según el Gobierno de España, hoy en manos del PSOE, rebasan los límites de la Constitución.

Los reparos jurídicos del Ejecutivo de Pedro Sánchez no son menores y afectan a los aspectos más relevantes, referidos a las medidas para detectar inmuebles que se retienen con fines especulativos y obligarles a salir al mercado. El Govern pretendía comprometer a los bancos, grandes tenedores, notarios y empresas suministradoras. Unas pretensiones que vulneran principios constitucionales.

El Pacte debe valorar ahora si rebaja sus pretensiones o bien deja la interpretación final en manos del Tribunal Constitucional. Una decisión difícil por un severo reproche que llega desde las mismas filas socialistas.