La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, firmó en julio pasado la disposición, con una partida de quince millones de euros, para la refrigeración de las turbinas generadoras instaladas en la central térmica de la Colàrsega de Maó para reducir las emisiones contaminantes. En aquel momento se destacó la celeridad con que ha actuado el Gobierno de Pedro Sánchez, pero tres meses después trasciende que esta actuación solo se llevará a cabo en dos de los ocho equipos.
Es una obra necesaria para que la central pueda seguir funcionando porque la Unión Europea mantiene la fecha límite del 31 de diciembre de 2019 para cumplir la directiva comunitaria sobre reducción de emisiones contaminantes industriales.
Esta actuación de mínimos ha motivado la lógica protesta de Endesa, la operadora que genera la energía eléctrica en la central de es Cós Nou. Advierte la compañía que es preciso adecuar al menos tres de las ocho turbinas para garantizar el suministro a Menorca, y dejar los otro cinco equipo como refuerzo. Es el momento de tener en cuenta estas advertencias y lamentar que la directiva de la UE que regula esta materia fue aprobada hace ocho años.
