Los datos que ayer hizo públicos el Gobierno reflejan las diferencias salariales de los alcaldes, unas retribuciones que es preciso fijar con criterios objetivos y coherentes. No se trata de convertir la vida pública en un gesto altruista, imposible en ayuntamientos de envergadura, con los ediles del gobierno afectados por criterios de incompatibilidad y responsabilidad.
La autonomía municipal no puede traducirse en la atribución de salarios de forma arbitraria, una dinámica que acaba generando agravios comparativos. Una situación afecta al conjunto de los municipios de España. Los sueldos de los alcaldes suscitan escaso interés, solo al principio del mandato, después el tema se diluye con la connivencia de los grupos políticos.
Las asignaciones carecen de justificaciones objetivas. La población y el volumen presupuestario deberían ser elementos determinantes para fijar la retribución de los primeros ediles, que ejercen un cargo que exige vocación de servicio y en ocasiones con escasos medios.
Ahora todo depende del juego político de mayorías y minorías. Se trata de equilibrar y fijar criterios más homogéneos para unos sueldos públicos que pagan los contribuyentes.
