Las cifras de recaudación récord que está alcanzando el Govern balear, como los 291 millones de euros recaudados entre enero y junio de este año por el impuesto de compraventa de viviendas de lujo, debe repercutir en el bienestar de los ciudadanos. Es cierto que las inversiones deben planificarse vía presupuestos y que el 2019 hay elecciones, pero el Ejecutivo Armengol está obligado a articular fórmulas para que este considerable aumento de ingresos llegue a cada una de las islas y a la ciudadanía.
Mientras los inversores extranjeros se lanzan a la compra de inmuebles de lujo en Balears, muchos jóvenes tienen serias dificultades para acceder a la adquisición o alquiler de una vivienda por unos precios cada vez más elevados. En este contexto, y ahora que la Comunidad Autónoma tiene recursos, es preciso impulsar una decidida política de vivienda social, teniendo en cuenta que durante esta legislatura -y solo faltan nueve meses para acabarla- el Govern del Pacte no ha inaugurado aún ninguna vivienda social.
Falta también mejorar las depuradoras, eliminar los fangos contaminados de la depuradora de Ferreries, inversiones en la red viaria menorquina y, en definitiva, reinvertir la recaudación.
