El anuncio de la disolución de ETA supone un paso más en la desaparición de la banda que deja un reguero de muerte y destrucción. Su cruel trayectoria supera los 850 asesinatos, además de miles de heridos y secuestrados, así como reiteradas extorsiones para recaudar el 'impuesto revolucionario'. Es un anuncio incompleto, porque no menciona a las víctimas.
La derrota de ETA frente al Estado de Derecho no puede dejar impunes y pendientes de aclarar cientos de muertes violentas que planificó y ejecutó, provocando mucho daño y dolor en numerosas familias que sufrieron el brutal zarpazo de la barbarie etarra. ETA también debe entregar todo su arsenal de armas y explosivos.
El uso de la violencia terrorista para reclamar ideas o proyectos políticos carece de cualquier justificación. El final de ETA no admite condiciones, y mucho menos unilaterales, como plantean ahora sus responsables. Deben proclamar públicamente, en lugar de intentar argumentar burdamente, que con las armas no se logra ningún objetivo político en democracia. Después del perdón hay que gestionar el nuevo escenario y vacunar a los jóvenes frente a la tentación de la violencia.
