Las dudas y sospechas del GOB sobre las obras de la carretera general motivarán una investigación que llevará a cabo el gobierno del Consell, formado por PSOE, Més y Podemos. Así lo anunció ayer el conseller de Movilidad, Miquel Preto, que compareció con los manifestantes convocados por el GOB frente a la institución insular.
Según el conseller Preto, «se debe revisar todo». Pero no precisó hasta dónde alcanza este «todo», porque, puestos a investigar, también cabría incluir, por ejemplo, las obras del desvío de Ferreries. Llama la atención que sea el GOB quien difunda estas dudas y sospechas, y que no hayan sido los partidos que hoy desempeñan el gobierno del Consell quienes hayan detectado las anomalías. Tampoco se conocen advertencias de ilegalidad por parte de los funcionarios, no ya sobre posibles irregularidades administrativas, sino un presunto delito de malversación de caudales públicos, lo que implica responsabilidades penales. Transcurrida más de la mitad del mandato, persisten las incógnitas sobre el tramo Maó-Alaior y resurge la polémica sobre la carretera, que no debería utilizarse como arma de descalificación política ni de agitación social.
