La zonificación del Consell para el alquiler turístico en Menorca ha suscitado una viva polémica y está recibiendo numerosas críticas. Después de semanas de incertidumbres y al no conseguir cerrar un acuerdo con los ocho alcaldes, el Consell presenta una propuesta, más restrictiva que redactada para otras islas, que consuma un veto total al alquiler en los núcleos urbanos y el campo, con independencia del uso y calificación de los suelos rústicos.
Una normativa de esta naturaleza, más allá de prohibir, debe aportar soluciones y sentido común, con criterios coherentes y homogéneos, para todo el territorio insular en lugar de diferentes tratos a zonas similares al provocar contradicciones e inseguridad jurídica. También hay que valorar el gran número de viviendas que se alquilan al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que evidencia la colisión entre la ley estatal y la autonómica. Queda por resolver cómo se controlará la oferta irregular de viviendas que se destinan al alquiler turístico, lo que afecta a numerosos propietarios. Pretender que las condiciones del Consell incidan en los precios del alquiler no turístico de la vivienda es una mera declaración de intenciones.
