El decreto que ha anunciado el Govern del Pacte para regular los centros de educación infantil en Balears ha suscitado el rechazo del Consell, la comunidad educativa menorquina y todas las formaciones políticas de la Isla. Unanimidad en una protesta que ha unido a gobierno y oposición en Menorca contra las pretensiones del Ejecutivo autonómico. De aplicarse, supondría la implantación de 'escoletes' de primera y de segunda o de bajo coste.
La persistencia de la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, en la aplicación de esta regularización ha incrementado el malestar, porque tanto los profesores como los padres ven amenazado el modelo menorquín de 'escoletes' que se ha venido aplicando con éxito. Porque, para resolver un problema mallorquín, donde hay familias que no pueden acceder a plazas de guarderías públicas, el Govern quiere legalizar la atención en la etapa 0-3 años en casas particulares.
La avalancha de protestas motiva el desaplazamiento a Menorca, el jueves, de los consellers de Servicios Sociales y Educación que deberán dar explicaciones sobre las razones de lo que constituye una amenaza para las 'escoletes' de Menorca.
